ALLANAMIENTO A LAS OFICINAS DE LA COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS -CNOC-, SOLO PUEDE SER ACCION DEL GOBIERNO, DE LOS EMPRESARIOS O DE LOS FINQUEROS.
El allanamiento a nuestras oficinas la noche del sábado 7 para el amanecer del pasado domingo 8, sucede en un clima de represión, intimidación y amenazas del actual gobierno empresarial en contra del movimiento campesino e indígena. Haciendo un recuento de las acciones represivas del gobierno de Oscar Berger, éstas comienzan con 36 desalojos ejecutadas a familias campesinas en distintos puntos del país a partir del 19 de enero hasta finales del mes de julio del año 2004. Estos hechos se dieron con tal saña que nos recordó la política de tierra arrasada, ésta segunda fase sucede cuando los policías y en otros casos el ejército llegaron a actuar como bestias contra las familias indefensas, esto produjo ranchos quemados, centros comunales desaparecidos, granos básicos incendiados y animales domésticos sacrificados, asimismo hubo campesinos desplazados como en los tiempos de la guerra, y culminando con un sinnúmero de compañeros golpeados y luego capturados.
Esta fase sólo fue el preludio de la Estrategia del Estado y del gobierno actual, que muestran su poder y decisión de acallar las distintas demandas campesinas. El actual gobierno y su sequito de asesinos consuman la primer masacre el 1 de Agosto cuando se ejecutan extraoficialmente a 8 compañeros campesinos, quienes son víctimas de muerte por su afán de buscar justicia por el secuestro del compañero Reyes, administrador de la Finca Nueva Linda, Retalhuleu, hecho por demás comprobado que fue realizado por dos guardas de seguridad a petición del terrateniente de apellido Vidal, y de manera cínica el señor presidente Berger sale defendiendo como empresario de bien. De esto existe un análisis y un dictamen documentado por la Procuraduría de los Derechos Humanos, caso que hasta el momento singue entrapado en la impunidad por la falta de justicia contra el finquero y los agentes policíacos que participaron en el desalojo violento.
Como si esto fuera poco, las persecuciones a dirigentes campesinos en la capital y en interior del país no se dejaron esperar. A finales del mes de septiembre, varios líderes campesinos de comunidades de Izabal, Retalhuleu y Quetzaltenango denunciaron amenazas de muerte, las que evidentemente eran planificadas por trabajadores y fuerzas privadas de finqueros. Por aparte, Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina CUC, sufrió una persecución en la capital, que terminó con el despojo de su vehículo, mientras su compañero Aparicio Pérez recibió amenazas telefónicas por el apoyo que brinda a las comunidades que exigen tierra.
La muerte de 4 campesinos por la fuerza privada del latifundista Pedro Fernandez en la Finca el Corozo, Suchitepequez, fue otra masacre dónde la Policía Nacional Civil nunca actuó a favor de los Campesinos, mucho menos se hizo justicia contra el hijo del finquero, quién disparó directamente contra dos de las cuatro personas fallecidas.
La muerte de Raúl Castro, campesino asesinado por la policía en los Encuentros, Sololá el 18 de enero de 2005, comenzó la ola de represión gubernamental contra aquellas comunidades y dirigentes sociales que adveraban las explotaciones mineras en el occidente del país, asimismo perseguir a las personas que rechazaban la aprobación de Tratado de Libre Comercio. Después de una larga jornada de protestas en la capital para rechazar y repudiar el TLC, las acciones de lucha continuaron con más manifestaciones en varios departamentos, las que dejaron como resultado la muerte de Juan López Velásquez, quién fue acribillado a balazos por la policía y elementos del Ejército en el Puente Los Naranjales, Colotenango, Huehuetenango.
Durante los últimos días han habido amenazas y desalojos en las Verapaces. Carlos Morales, dirigente de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas UVOC, fue perseguido y victima de constantes difamaciones por personas allegadas a finqueros del lugar, y que pudo salvar su integridad gracias a la intervención directa de la PDH. Mientras tanto, el 27 de abril se ejecutó el desalojo de 60 familias en una finca comunal del municipio Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz; y el 28 de abril se concretó otro desalojo a 50 familias indígenas en la comunidad de Xajalte, Salamá de Baja Verapaz.
En este contexto, la lucha contra el TLC y las demandas más sentidas de la población más vulnerable que sobrevive en la pobreza y extrema pobreza culmina con el allanamiento y saqueo de información valiosa en las instalaciones de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas -CNOC-, a sabiendas que las represiones continuarán, pero que nuestra lucha sigue y que no nos acallarán. El robo en nuestras oficinas tiene ese contexto y cierra un circulo de amenazas y da origen al atropello y represión directa.
Ante ello, hacemos un llamado a todas las organizaciones amigas para que se solidaricen y denuncien estos actos represivos y de intimidación que sólo pueden provenir del Gobierno, los empresario y de los finqueros.
Organización, Lucha y Resistencia, -CNOC- presente.
Guatemala, 9 de Mayo de 2005.
