Luego de dos años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, TLC-CAUSA, empieza a verse con más claridad qué efectos ha tenido en la agricultura nacional, y en nuestra soberanía alimentaria, así como quiénes han sido los más beneficiados de este convenio.
Las cifras publicadas por el Gobierno de Estados Unidos reflejan un crecimiento acelerado del déficit comercial que ascendió a US$1,043 millones en 2007, y para el primer trimestre de 2008 va en US$228 millones. Esto como resultado del incremento de las importaciones en un 16%, de 2006 a 2007, y un decrecimiento de las exportaciones del 2.3%, en el mismo período.
La apertura comercial con EEUU ha incentivado el crecimiento de las importaciones de productos esenciales para la alimentación de la población guatemalteca como el trigo y el maíz amarillo, que se incrementaron 58% y 41%, respectivamente.
Actualmente, los precios de los alimentos han presentado incontrolables aumentos, y coincidentemente, aquellos que se derivan de los granos básicos con más niveles de importación de EEUU son los que aumentan más de precio. Esto hace necesario un análisis de la vinculación del acuerdo comercial con la situación alimentaria que hoy vivimos.
Si bien no podemos explicar la actual crisis alimentaria como un producto directo del TLC-CAUSA sí es evidente que ha venido profundizando dos apuestas sumamente nocivas: la de importar los cultivos alimentarios básicos en lugar de producirlos en el país; y la de beneficiar aún más a las pocas empresas que han venido controlando los mercados de los granos básicos en estas últimas dos décadas.
A lo largo de estas últimas dos décadas, las importaciones baratas, -resultado de los subsidios- han venido destruyendo la capacidad productiva nacional y generado una dependencia a los mercados internacionales que han mostrado ser altamente especulativos y volátiles. De manera que hoy, por el alza internacional de los precios, podemos ver aumentos de 213% (trigo), 341% (arroz) y 236% (maíz) en tan sólo dos años (abril 2006 a abril 2008), y luego colapsos de un momento a otro (60% en el caso del trigo de marzo a mayo). Burbujas especulativas que se crean y se diluyen.
Donde el país ha mantenido un buen grado de autosuficiencia (maíz blanco, fríjol negro), el impacto en los precios ha sido menor (con un incremento del 22% y el 7% respectivamente), respecto a los de alta dependencia (arroz – 40-45% y trigo/pan 60-75%) lo cual afirma la hipótesis de que a más dependencia más impacto negativo en los precios, y en consecuencia el costo de la canasta básica que afecta duramente a las familias más vulnerables.
Otro fenómeno que el TLC-CAUSA ha fomentado es la alta concentración en el control de los mercados agrícolas y principalmente de los granos básicos. Con la complicidad del sector público, se ha dejado el acceso a los contingentes de 0 arancel que establece el tratado comercial para algunos productos sensibles (maíz blanco, maíz amarrillo, arroz) a pocos grupos de capital que han usado diferentes formas jurídicas para acceder a las cuotas y así captar un mayor porcentaje del contingente. Estas mismas empresas no se han preocupado por trasladar el beneficio fiscal de la liberalización arancelaria, al consumidor, por tanto éste se quedó exclusivamente en la elite empresarial.
Se ha calculado que por la importación de maíz amarillo libre de arancel, el beneficio fiscal que han obtenido las empresas que utilizan este contingente, desde la vigencia del acuerdo hasta finales de 2007, ha sido de US$6.7 millones. Para el caso del maíz blanco el beneficio ha sido de poco más de US$1 millón.
Ante esta situación, el Gobierno debe de entender que el modelo económico actual no resuelve. Por tanto, para salir de la crisis alimentaria; debe lograrse la autosuficiencia alimentaria, lo cual requiere apostar al fomento y desarrollo de la agricultura campesina, que pasa por la Reforma Agraria Integral.
Asimismo, debe haber una regulación de los precios de los alimentos, a través de un control público de los mercados, que controlen los monopolios y oligopolios que castigan a la población guatemalteca con el aumento de precios. |