El Estado de Prevención, decretado por el gobierno en el Municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, restringiendo los derechos constitucionales, para que agentes de la fuerza pública deambulen con toda impunidad en las calles del lugar e imponer miedo a la población es una decisión errada, que no responde a los intereses del pueblo.
La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas -CNOC- y la Coordinación Y Convergencia Nacional Maya “Waqib’ Kej”, ante la incomparecencia de representantes del gobierno después de la aplicación del Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez, demandamos un DIÁLOGO REAL inmediato entre gobierno y dirigentes legítimos comunitarios.
Es indispensable que se conozca los planteamientos de rechazo de las comunidades por la construcción de una planta cementera del interés económico de la familia “Novella”, ya que amenaza desplazar de los territorios y provocar altos niveles de contaminación y sequías al pueblo. Asimismo, dicho proyecto es objetada por las doce comunidades Kaqchikeles, líderes comunitarios y autoridades indígenas del municipio; quienes de manera organizada defienden la vida de los habitantes y La Madre Tierra, ante el interés económico de una familia de la oligarquía tradicional, saqueadora de la riqueza natural en perjuicio de las comunidades indígenas.
La decisión del gobierno de Álvaro Colom de militarizar el municipio y ejecutar directrices del sector económico, para proteger y resguardar con equipo bélico del ejército nacional la maquinaria de la cementera, infundiendo miedo y represión. ¡No es desarrollo!, sino la defensa de los intereses de una familia a costa de la violación de los derechos y dignidad de un pueblo.
Medida represiva como las impuestas en el pasado por las dictaduras militares, con altos niveles de repercusión psicología sobre la población infantil y el estigma de delincuentes y terroristas en contra de la juventud y población indígena en general. El gobierno se jacta de imponer orden con más de mil elementos de la PNC y ejército para detener a 43 dirigentes comunitarios, entre ellos una mujer, quienes haciendo uso legitimo de su derecho a la resistencia y autodeterminación defienden su territorio.
Ante tal problemática SOLICITAMOS:
A las instituciones que velan por el cumplimiento de la ley y de los Derechos Humanos, su intervención inmediatamente para un DIÁLOGO REAL entre gobierno y dirigentes legítimos comunitarios.
Al gobierno de Álvaro Colom, la libertad inmediata de los dirigentes comunitarios y el retiro de las tropas castrenses y de la PNC del territorio de San Juan Sacatepéquez.
Al gobierno de Álvaro Colom le preguntamos:
¿POR QUÉ LOS EMPRESARIOS EXCAVAN MINAS E INSTALAN CEMENTERAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS?
¿POR QUÉ NO SE EXPLOTA LAS CABALLERÍAS DE TIERRAS QUE OCUPA LA ZONA 10, 14 Y OTRAS PROPIEDADES DE INDOLE EMPRESARIAL?
¿POR QUÉ NO MANDAN TANQUETAS A LOS INGENIOS AZUCAREROS PARA OBLIGAR A LOS FINQUEROS A CUMPLIR LA LEY Y PAGO DEL SALARIO MÍNIMO?
¿POR QUÉ NO MANDAN TANQUETAS Y EJERCITO PARA IMPONER LA LEY EN LAS MAQUILAS DONDE SE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS, ECONOMICOS Y SOCIALES?
En memoria de Raúl Castro Bocel, campesino asesinado en el año 2005, por elementos de la PNC y ejército por oponerse junto a pobladores de Los Encuentros, Sololá, al traslado de maquinaria de explotación minera, al departamento de San Marcos, La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas -CNOC- y la Coordinación Y Convergencia Nacional Maya “Waqib’ Kej” se solidarizan con el pueblo de San Juan Sacatepéquez, rechazando la prepotencia e intolerancia de la fuerza pública y que el gobierno responda a los intereses reales de la población guatemalteca y no de finqueros y empresarios. |