COMUNICADO DE PRENSA

El Gobierno debe cumplir sus compromisos en relación a la Política y la Ley de Desarrollo Rural Integral

CNOC, CNP-Tierra, CNAIC e IDEAR-CONGCOOP

Miembros de la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI)

Al pueblo de Guatemala y a la Comunidad Internacional hacemos saber:

El 30 de abril de 2008 se firmó entre el Gobierno de la República y un amplio conjunto de organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, sindicales, y de pequeños productores rurales el Acuerdo Marco para el proceso de Diálogo Nacional por el Desarrollo Rural Integral y la Resolución de la Conflictividad Agraria, Laboral y Ambiental. Entre los objetivos del proceso de Diálogo se establecieron:

• Impulsar las políticas públicas, las transformaciones institucionales y las reformas legales que sean necesarias para alcanzar el desarrollo rural integral.
• Establecer las condiciones legales, administrativas y políticas para resolver la conflictividad agraria, la inseguridad alimentaria y nutricional y el irrespeto de los derechos laborales en el campo, prestando especial atención al goce pleno de los derechos de las mujeres, de las comunidades indígenas y demás grupos sociales en situación de pobreza.
• Establecer las condiciones institucionales y financieras para impulsar, en el área rural, políticas públicas de acceso a la tierra, medios de producción y recursos productivos, de fomento productivo, generación de empleo y dinamización de las economías campesinas e indígenas.

El 11 de noviembre de 2008, las organizaciones sociales participantes en el Diálogo Nacional sobre Desarrollo Rural Integral junto a la parte gubernamental y con la presencia de los asesores políticos de la Presidencia de la República, hicimos entrega formal al Presidente de la República de la propuesta de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral consensuada en el proceso de diálogo. En la propuesta se define como sujetos de la ley a “la población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales, artesanos, pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios rurales”. 

Sin embargo, en los últimos meses el Diálogo Nacional no ha avanzado. Entre otros, nos preocupan los siguientes hechos que han provocado el estancamiento del proceso:

1. La salida de uno de los co-Coordinadores de la parte gubernamental en el Diálogo Nacional. Esto dejó a las organizaciones sociales sin un interlocutor político de alto nivel.
2. La Comisión Política posteriormente nombrada como referente, ha tenido muy poca relación con las organizaciones sociales lo cual puede interpretarse como una disminución de la importancia que el Gobierno asigna al proceso de Diálogo Nacional.
3. Tendencia de la parte gubernamental a constituir a la Secretaría Técnica del Diálogo  Nacional como instancia de toma de decisiones, pretendiendo obviar a las Asambleas de Mesa y Asamblea General del Diálogo Nacional como la máxima autoridad del proceso.
4. Incumplimiento de la parte gubernamental de los mecanismos para convocar y garantizar el funcionamiento a la Comisión para la Atención de la Conflictividad Agraria, Laboral y Ambiental (COPAC).
5. La salida de SEGEPLAN del Diálogo Nacional parece indicar que no toda la institucionalidad pública está convencida e involucrada plenamente en el proceso. 
6. Incumplimiento del compromiso presidencial de sostener una reunión de trabajo con las organizaciones sociales para elaborar la versión final de la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, antes del 14 de diciembre del año 2008.
7. La no entrega por el Presidente Colom de la iniciativa de Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral al Congreso de la República el 14 de enero recién pasado, tal como se acordó en el Diálogo Nacional.

También debemos señalar nuestro rechazo a la constante criminalización, hostigamiento y persecución en contra de las formas propias de organización de las comunidades indígenas y campesinas, así como el irrespeto a las decisiones tomadas en consultas comunitarias ante la ejecución de los llamados Mega Proyectos sobre los territorios de los pueblos indígenas.  Asimismo, demandamos la urgente solución al problema de la deuda agraria y de falta de mecanismos financieros adecuados para los micro y pequeños productores rurales en general. Demandamos también la plena ejecución del Programa Nacional de Resarcimiento en beneficio de la población desplazada interna y de todas las víctimas del conflicto armado.

Por lo anterior DEMANDAMOS al Gobierno de Álvaro Colom acciones efectivas para terminar con la represión en el campo, los desalojos y la violación de los derechos laborales, y retomar y cumplir sus compromisos en el Diálogo Nacional sobre Desarrollo Rural Integral y la Resolución de la Conflictividad Agraria, Laboral y Ambiental.

Iximulew, Guatemala, 19 de febrero de 2009